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El Gobierno realizará modificaciones en los "alquileres" por decreto


Los desahucios por impago de los alquileres crecen en toda España a la par que las rentas de alquiler experimentan una constante subida, todo ello unido a la dificultad existente para acceder a financiación para poder adquirir una vivienda. En este contexto actual las Entidades Financieras se vuelven más exigentes, y este panorama tampoco se ha visto favorecido tras la última sentencia del Tribunal Supremo que corrobora al prestatario como el sujeto pasivo en el impuesto de las hipotecas. Todo esto afectará, dificultará y encarecerá el acceso a la vivienda en propiedad. Dentro de este contexto, estamos experimentando un constante incremento del número de personas que, como alternativa a la compra, optan por alquilar.

A principios de esta semana, el Gobierno ha anunciado modificaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos que posiblemente entrarán en vigor a primeros de año próximo mediante real decreto y con carácter urgente. Afectarán, según anuncia el Ministro de Fomento José Luis Abalós, entre otras a la ampliación de la duración mínima del contrato de arrendamiento que pasará a ser de 5 años cuando el arrendador es persona física, y no de 3 años como es en la actualidad, buscando favorecer a inquilino, elevándose este plazo hasta los 7 años si el arrendador es persona jurídica. En la misma línea establece que el comprador de una vivienda arrendada tiene que aceptar la duración mínima de cinco o siete años, desde el inicio del arrendamiento y no de la adquisición. Además, la prórroga tácita de los citados contratos, que actualmente está en 1 año, pasará a 3. Otra de las medidas que incluirá el decreto será la limitación a dos mensualidades de la fianza que se podrá exigir a los arrendatarios, así como que el arrendador, en el caso de ser una persona jurídica, deba asumir los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.

Este real decreto contempla cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil en los casos relativos para desahucios que afecten a personas o familias en situación de vulnerabilidad especial, para que en estos casos se paralicen los procedimientos hasta que intervengan los servicios sociales. Se incluirán medidas que tratarán de estimular la oferta de la vivienda, y que pretenden frenar el proceso alcista de las rentas del alquiler. Mediante estas medidas urgentes se pretende limitar la actualización de la rentas del alquiler exclusivamente al IPC general, es decir, se suprime la libertad de pactos actual al respecto. También van a proponer habilitar a los Ayuntamientos para limitar los precios de alquiler en zonas urbanas y mercado tensionado. Quizás sea ésta una de las medidas más controvertidas pues pasa por introducir algún sistema de regulación de los precios de alquiler.

Por la relevancia y trascendencia que todas estas propuestas tienen, desde Consultoría Conde y Segura les informaremos puntualmente de todos las novedades a este respecto.